Hace unos años, las empresas de ‘recruiting’ estadounidenses solicitaban los perfiles y las claves de las redes sociales de los candidatos para valorar su conveniencia a un puesto de trabajo. Hoy, las empresas aún piden datos de carácter personal sin saber si están legitimados para ello.
En España, la Audiencia Nacional ha estipulado que las empresas de seguridad privada no deben preguntar a sus futuros trabajadores si han tenido cualquier tipo de condena penal en los cinco años anteriores.
La sentencia destaca que la empresa, aunque no solicitaba el certificado de antecedentes penales, con el mero hecho preguntar sobre los antecedentes penales ya realizaba un tratamiento de datos personales que excedía sus competencias.
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